Por Luis Santa Cruz, Abogado laboralista de Miranda & Amado
El anuncio de un incremento en la remuneración mínima de los trabajadores formales, que aún queda pendiente de regular si será a través de un subsidio estatal o a cargo de los empleadores, ha reavivado el debate sobre la forma de fijación de salarios mínimos en el país.
Esta vez, la controversia es aún mayor porque nos encontramos ante una difícil situación económica en el país por diversos motivos –internos y externos– que afectan tanto a trabajadores como empresas. Estas últimas tienen, en general, mayores costos que no pueden trasladar totalmente al consumidor y, por lo tanto, menores ventas e ingresos. Por su parte, los trabajadores han perdido poder adquisitivo como consecuencia de la inflación.
Es indudable la importancia que tiene la fijación de una remuneración mínima que proteja y permita cubrir las necesidades de los trabajadores, y que no se vean afectados por la imposibilidad de estar en condiciones de negociar un mejor salario, lo que es aún más importante en países como el Perú con una alta tasa de desempleo. Sin embargo, creemos que ninguna solución puede pasar por dejar en una posición más vulnerable a una de las partes de la relación laboral, considerando el contexto económico que estamos viviendo. Peor aún si es que es una medida que brinda una aparente mejora, pero que puede terminar siendo contraproducente para el grupo que se quiere –y necesita– proteger.
Si bien el incremento de la remuneración mínima vital tiene un fin social, se va en contra de este si es que termina perjudicando los niveles de empleo o contribuye a incrementar la informalidad. Es más probable que el informal no solamente no pague una remuneración mínima, sino que tampoco entregue beneficios sociales completos, o no cumpla con sus obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo.
Consideramos que es importante –y más aún en el contexto en el que nos encontramos– no olvidar que el salario mínimo debe, tal como lo señala la Organización Internacional del Trabajo, no solamente satisfacer las necesidades de los trabajadores. También debe considerar los niveles de productividad y posibilitar alcanzar y mantener un alto nivel de empleo, por lo que el cumplimiento de su finalidad social debe ir necesariamente de la mano con la finalidad económica; ambas son condiciones que no pueden cumplirse de manera independiente.
Esperemos que el Estado pueda tomar medidas laborales que contribuyan a la creación de empleo decente, lo que inevitablemente pasa por reducir la informalidad. Más que un incremento de la remuneración mínima, es necesario generar más puestos de trabajo formales que aseguren un trabajo digno.
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