El titular de la Corte Suprema de Justicia, Duberlí Rodríguez Tineo, presentó el nuevo Protocolo de Atención Judicial de las Personas con Discapacidad, destinado a garantizar el trato diligente a este sector de la población en las 34 cortes superiores del país.
Se estima que la implementación de dicha iniciativa pueda favorecer a más de un millón 600,000 personas, afirmó la magistrada y presidenta de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulerabilidad, Janet Tello Gilardi.
En efecto, el citado protocolo aprobado mediante la RA Nº 010-2018-CEPJ, fija los lineamientos para una adecuada atención de las personas con discapacidad, promoviendo el respeto a su autonomía, dignidad, manifestación de su voluntad; y, en especial, la protección de sus derechos fundamentales.
“Medidas como las que impone este protocolo son oportunas en atención al mandato constitucional, así como los tratados internacionales que proscriben toda forma de discriminación de personas con discapacidad y alientan que el Estado, en este caso a través de la judicatura, promueva el efectivo acceso a la justicia de estas personas”, afirmó el experto César Puntriano al ser consultado sobre la norma.
Incluso relievó la importancia de la medida para los procesos laborales. “En materia laboral es común que se promuevan procesos de cobro de indemnización por daños y perjuicios contra empleadores por trabajadores que hayan sufrido accidentes de trabajo o enfermedades ocupacionales, en cuyo caso, de calificar los demandantes como personas discapacitadas, aplicaría lo dispuesto en el protocolo”.
Dicho documento, de ese modo, fija las reglas que permitan la accesibilidad física a las instalaciones de las sedes judiciales como rampas vías de ingreso y salida, señalética, salas de espera y servicios higiénicos para personas con discapacidad. También la implementación de salas de audiencias en los primeros niveles de las sedes judiciales. Inclusive se prevén audiencias en el domicilio de la persona con discapacidad o por videoconferencias.
Se remarca también aplicar el principio de celeridad para estos procesos, entre otras reglas de atención, según la discapacidad, ya sea auditiva, visual, física y mental.
Celeridad y claridad
El protocolo de atención para las personas con discapacidad relieva la importancia de emitir las resoluciones judiciales con un lenguaje claro y accesible a estos litigantes, a fin de facilitar su comprensión como parte del debido proceso. También refiere que las audiencias sean desarrolladas de forma puntual y en las fechas señaladas, pero pudiendo flexibilizarse el inicio según la condición del justiciable. A la fecha, la judicatura ya otorga un trato preferente a los adultos mayores en el desarrollo del proceso.
Fuente: El Peruano