Por Jorge Toyama Miyagusuku (Perú), Socio del Área Laboral de Miranda & Amado, Abogados
El Perú está creciendo y la data macroeconómica es muy buena. La tasa de desempleo no llega al 5%. Hay trabajo en el país pero tenemos los retos de siempre: informalidad laboral, baja productividad laboral, escasa protección social y una cultura del incumplimiento de “lo laboral”. La aspiración peruana laboral debería ser que haya más personas con protección social (cobertura en salud y pensiones), más empresas formales y una mayor apuesta a favor de la productividad laboral (capacitación, formación profesional, inversión tecnológica, etc.).
“Lo laboral será una política de Estado tanto o más importante que la económica”, rezaba la Hoja de Ruta del presidente Humala. Esta promesa electoral se está cumpliendo.
El Poder Ejecutivo ha tenido mucha actividad laboral. Se han emitido las normas en Seguridad y Salud en el Trabajo que ha generado mayores obligaciones para las empresas y señalado responsabilidad penal para los funcionarios y trabajadores que pongan en riesgo la salud y seguridad del personal.
El incremento del mínimo vital a S/.750, cumpliendo una promesa electoral. Y luego se han emitido dos normas que regulan los casos en que el arbitraje soluciona un pliego de reclamos (mala fe negocial y primera negociación colectiva). Finalmente, hay una prohibición de movilización interna de personal ante una huelga (“reemplazo de puestos de huelguistas por personal que acude a laborar”), a través de una directiva interna del Ministerio de Trabajo.
De otro lado, tenemos los conflictos laborales. El Ministerio de Trabajo ha precisado los aspectos que deben tenerse en cuenta para que un conflicto sea resuelto por la Dirección General (Lima) o la región respectiva. Sin embargo, de manera general, se viene apreciando un ligero incremento de los conflictos laborales –y una extensión mayor en el tiempo del mismo- así como un crecimiento de la actividad sindical: si bien en “lo laboral” siempre habrá conflictos, la labor conciliadora laboral es fundamental para volver razonables las posiciones.
La regulación todavía está orientada hacia el mundo de las empresas formales. Es necesario que la orientación laboral del gobierno se centre en quienes no están en planillas ni tienen protección social (salud y pensiones). De cada tres trabajadores dependientes, solo uno está en planilla y los otros tres están fuera de la legalidad (les pagan a la mano, están por honorarios profesionales, etc.); de cada diez peruanos solo tres tienen protección social (salud y pensiones). En realidad, el mayor reto del gobierno no es crear más empleos, sino brindar formalidad laboral a los trabajadores dependientes y protección social a los independientes.
Ante este escenario, las empresas deben tener políticas activas de gestión humana, prevención constante del conflicto, transparencia y buena fe en las relaciones laborales y harta preocupación por los trabajadores y sus familias. Solamente trabajadores contentos hacen sostenible una empresa y evitan las inspecciones cada vez más complicadas, los juicios orales laborales y los conflictos laborales en general.
