Por Rubén Ocampo, Analista Económico, Macroconsult
El cambio de Gobierno colocó el debate sobre la nueva Ley General del Trabajo (LGT) en el centro de la atención pública; así, en los días de setiembre, la Comisión de Trabajo del Congreso de la República emitió un proyecto actualizado para su evaluación.
Buena parte de la reglamentación incluida en tal proyecto ya se encontraba funcionando dentro del mercado laboral peruano en forma de leyes aisladas y, en ese sentido, no implica cambios importantes respecto de las mismas. El Ejecutivo, sin embargo, todavía no presenta su propuesta, por lo que es complicado prever de manera certera la forma final que adoptará la nueva ley.
Sea cual fuere la forma final, el hecho es que cambios en la legislación laboral modifican la estructura de utilidades de las empresas. Mayores beneficios sociales para el trabajador significan mayores costos, lo cual no implica un problema para la empresa si la productividad media de dicho trabajador compensa el aumento. Caso contrario, se genera un contexto en el que, eventualmente, el empresario decidirá informalizar la relación laboral (en caso fallen los mecanismos que hagan cumplir la ley) o prescindir del trabajador.
El problema no es que en Perú no exista una legislación a favor del trabajador, sino que su ámbito de aplicación es limitado (afecta únicamente al 6.7% de la población económicamente activa ocupada, que es el porcentaje de trabajadores que se encuentran en planilla con respecto a la PEA ocupada total del 2010). Por ello debe insistirse que más que nuevas leyes, un primer paso debe ser asegurar los mecanismos para hacer cumplir la actual legislación.
Al respecto, durante el 2008 el personal de supervisión de campo del Ministerio de Trabajo (Mintra) solamente fue de 398 operarios entre inspectores, supervisores y auxiliares, esto significa en promedio, existen dos inspectores por cada mil empresas formales a nivel nacional. Entendemos que un compromiso explicito del actual Gobierno en su hoja de ruta es reforzar la capacidad de su supervisión laboral, la cual actualmente es mínima.
Artículo publicado en el Diario Gestión.
