Por Cecilia Guzmán-Barrón – Socia de Guzmán-Barrón Abogados
En tiempos en los cuales los colaboradores demandan una mayor conciliación de su vida personal y familiar, y las empresas buscan diseñar políticas y paquetes de compensación que sean atractivos, resulta crítico conocer cuáles son los intereses de los trabajadores.
Cuando un colaborador ingresa a trabajar a la empresa, él brinda varios datos personales, como la edad, el núcleo familiar directo, el lugar de domicilio y el correo electrónico, pues así lo exigen la planilla y la seguridad social.
Estos datos permiten identificar sus necesidades de desplazamiento para acudir a laborar y su composición familiar. La empresa puede válidamente realizar una encuesta anónima entre sus colaboradores para conocer qué tipo de beneficios o actividades generan mayor atención. Accederá a esta información una vez que se inicie la relación laboral. ¿Y antes?
Durante el proceso de reclutamiento y selección, ¿se puede preguntar a qué actividades el candidato dedica el tiempo libre, si tiene planes inmediatos de casarse o formar una familia (o de hacerla crecer), qué religión profesa (o si es agnóstico), o cuáles son sus afinidades políticas, o si está afiliado a un sindicato?
Al respecto, si bien la ley no contiene una lista de preguntas prohibidas, en cualquier etapa del proceso se debe respetar el derecho a la intimidad personal y familiar del candidato, así como obviar aquellas preguntas directamente vinculadas a la raza, edad, sexo, religión, preferencia política, ser portador de VIH/Sida, opción sexual y otras similares, a menos que el potencial empleador sea una empresa ideológica o de tendencia (por ejemplo, las confesiones religiosas, los partidos políticos, los sindicatos y todas aquellas organizaciones que tengan como fin último la promoción de una ideología, pensamiento, posición política, etc.) que justificada y objetivamente requiera que el candidato cumpla con cierta particularidad.
En todo caso, es recomendable delimitar cuáles son los alcances de las preguntas que se pueden realizar en cada situación en particular, teniendo en cuenta las funciones del cargo, las competencias exigidas para desempeñarlo, y el rubro o sector económico de la empresa.
