Por Alberto Lozada, Especialista en empleabilidad y emprendimiento de Acción contra el Hambre
La situación laboral es nuestro país es crítica y aún más para los 860,562 migrantes y refugiados venezolanos residentes en el país. La gran mayoría se ha visto obligado a trabajar en la informalidad, pero, según INEI, el 37.9% de esta población tiene formación universitaria y el 19.2% formación técnica; sin embargo, la revalidación de sus grados y títulos resulta difícil para poder desempeñarse como profesionales.
Aunque debido a la situación crítica del sector salud, el pasado 3 de agosto el gobierno de Martín Vizcarra autorizo la contratación de médicos extranjeros que no estén colegiados, siendo un refuerzo importante para el sector salud que viene luchando contra la COVID-19. Sin duda, una decisión que alienta a más de 3000 médicos venezolanos que viven en Perú. Sin embargo, es importante también atender a otros miles de profesionales migrantes y refugiados venezolanos en Perú.
Según el estudio “Retos para la inserción laboral de personas inmigrantes y refugiadas de Venezuela”, elaborado por la fundación humanitaria Acción contra el Hambre, reportó que los procesos de regulación profesional es un tema no contemplado ni debatido institucionalmente por el Consejo Nacional de Decanos de Colegios Profesionales de Perú (CNDCP). Solo algunos colegios profesionales han tratado internamente este asunto.
Será pertinente también seguir potenciando las acciones que realiza el MTPE para informar y sensibilizar sobre los derechos laborales tanto para peruanos y extranjeros. Bienvenida será la realización de estudios de demanda ocupacional a nivel nacional y así evaluar el potencial laboral de los sectores económicos para procurar oportunidades para quienes cuenten con formación universitaria o técnica.
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