Por Gonzalo Zegarra Mulanovich, ex director de Semana Económica
Ahora que las proyecciones de crecimiento económico para el año que comienza tienden a coincidir hacia un 4%, no olvidemos que los factores de riesgo puramente económicos se entrelazan con los político-sociales.
Tanto la confianza empresarial (que impacta en la inversión privada) como la del consumidor (que determina el consumo) son sensibles a los estados de ánimo colectivos, y éstos al desenlace de los acontecimientos públicos.
¿Qué deberían estar mirando los directorios de las empresas, y sus comités de riesgos?
Una primera cuestión es que la crisis de gobernabilidad aún no se resuelve. Suelo encontrarme con ejecutivos, directivos y propietarios que celebran el fin de la tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo por el debilitamiento del bloque fujimorista en el Congreso y su imposibilidad de continuar con el obstruccionismo (salpicado de iniciativas populistas, además).
Estamos ante un nuevo escenario político, pero aún no se sabe cómo se articulará el reacomodo. Las carencias de rumbo y liderazgo naranjas no implican que hayan desaparecido sus reflejos e intenciones más destructivos. Hay quienes quisieran continuar en modo agresivo y confrontacional; que no tengan (mucho) predicamento ahora mismo no impide que lo logren a futuro.
El amago de censura al presidente del Congreso, Daniel Salaverry, y la investigación al presidente Martín Vizcarra (nominalmente a su empresa, por la prohibición constitucional de investigar al mandatario), sugieren que no se puede asumir la absoluta quietud de las aguas. Desde luego, un factor determinante será la cantidad de votos congresales de esa facción, y ésos indudablemente se han reducido.
Ahora bien, la lucha anticorrupción tampoco está consolidada. Más allá de los últimos incidentes judiciales (que sería simplista atribuir únicamente a la “manipulación de la mafia”), hay una serie de contingencias en este campo.
No sabemos cuál será el contenido ni el impacto de las declaraciones de los representantes de Odebrecht sobre las coimas (ya no los aportes de campaña). Cuántos y quiénes sean los involucrados es hoy totalmente incierto (incluso podría ocurrir que no haya ningún nuevo “pez gordo”).
La reputación de personas políticos, funcionarios públicos, empresarios periodistas podría cambiar radicalmente (o no). Y también la de empresas, gremios, incluso sectores económicos.
En otro frente, están hoy en plena discusión los proyectos de leyes que van a plasmar las reformas del sistema de justicia aprobados en el referéndum. Y el diablo siempre están en los detalles. Qué se quite o se agregue en esas normas sobre la Junta Nacional de Justicia o la autoridad de Control e Integridad del Poder Judicial, por ejemplo, puede hacer la diferencia entre una lucha efectiva o entorpecida (por filtros burocráticos) contra la corrupción. Y esto no lo están mirando ni los medios ni la opinión pública.
Finalmente, hay limitaciones importantes en la gestión pública. El gobierno aún no tiene un equipo completo ni sólido de tecnócratas que pueda llevar adelante reformas ambiciosas. Pronto los temas que hoy copan la agenda mediática darán paso a que la gente exija acciones que redunden en una mejora de su calidad de vida (la reconstrucción del norte, la solución eficaz de emergencias como el aniego en San Juan de Lurigancho, etc). El Estado peruano tiene que mejorar su eficiencia, y el país su competitividad y productividad. Es un largo camino que debe empezar ya.
Todos estos factores tienen impacto en la confianza interpersonal o interinstitucional entre agentes económicos, y por ende en los negocios. Si todos desconfían de todos, es más difícil sacar adelante cualquier iniciativa empresarial.
Fuente: Semana Económica
