Se ha discutido mucho, en las últimas semanas, sobre el aumento de las remuneraciones en el sector público. Más allá de este aspecto específico, ¿cuál es su percepción de la situación laboral del Estado en su conjunto?
Considero que urge una reforma estructural del sistema laboral del país. Nosotros los peruanos, tenemos, de acuerdo a mi perspectiva, una estructura laboral que es discriminatoria. Por un lado, tenemos la administración pública y por otro la privada, y ninguna de estas dos forma parte de una política de desarrollo de nuestros recursos humanos que actúe de manera estructurada. No nos olvidemos que las grandes políticas de Estado son las que marcan el camino del desarrollo del país; y en este caso no es así.
Pero, se ha promulgado la Ley del Servicio Civil para reordenar el sistema público…
Acá, el problema no es continuar legislando acerca de la administración pública, sino determinar cuál es su real dimensión. Hasta ahora nadie nos puede decir, por ejemplo, la cantidad de empleados públicos que existe en el país; tampoco nadie sabe explicar acerca de los procesos de capacitación, por ejemplo, de ese Recurso Humano que conforma la Administración Pública.
Por otro lado, las políticas remunerativas son también totalmente diferentes a las del sector privado. Existe una serie de beneficios para los trabajadores del sector privado que no tienen los trabajadores del sector público. ¿No deberíamos tener un solo sistema normativo que regule nuestras relaciones laborales?
¿Por ejemplo, por qué los empleados de la administración pública no pueden tener un crecimiento transversal? Independientemente de, si el empleado está en al Ministerio de Agricultura o de Salud, no debería poder crecer transversalmente? Actualmente solo pueden crecer verticalmente, dentro de cada institución.
Hasta ahora no se ha pensado en la forma de estandarizar una política de Recursos Humanos para toda la administración pública.
Por ejemplo, el CAS, que era una salida absolutamente temporal a una crisis, hoy se sigue aplicando con una preocupante regularidad.
¿Cómo enfocar el análisis de sistema actual?
El enfoque debe ser desde el punto de vista del desarrollo humano. Los análisis que se han realizado han sido siempre con una base fundamentalmente normativa, legalista. Entonces tenemos norma tras norma y al final como resultante, una malla tan grande de normas que terminamos enredándonos en nuestra propia legislación.
¿Cuáles son sus principales críticas?
Para comenzar tenemos por un lado medidas populistas, como las gratificaciones, que han sido asumidas únicamente por el empleador del sector privado, y que no traen ningún beneficio al desarrollo de la productividad en el país; por otro lado, las que perdieron sentido por haberse desnaturalizado el fin principal, como la CTS, las impuestas, como las AFP, las que no se cumplen a cabalidad, como las horas extras y las vacaciones, y las que necesitan una urgente modificación, por ser desde todo punto de vista una imposición que no tiene un sentido lógico, ni mucho menos equitativo, como el impuesto a la renta por concepto de remuneraciones. Todos temas críticos que hasta hoy nadie ha querido tratar.
La CTS tenía como objetivo constituirse en una suerte de seguro de desempleo, pero con el gobierno anterior quedó desvirtuada su naturaleza y perdió su esencia al permitir que el trabajador disponga del 100% de ella. Yo estoy convencido que la CTS, como seguro de desempleo debería ser parte de la responsabilidad del trabajador, no debería ser un sobrecosto del empleador. El gobierno debería promover un seguro de desempleo, en conjunto con las compañías aseguradoras. Entonces, el trabajador podría adquirir este seguro y decidiría por qué tiempo desea la cobertura.
En cuanto a las gratificaciones, no han sido analizadas a fondo. Cabe preguntarse cuál es el sentido de las gratificaciones, ya que no están vinculadas a ningún indicador de desempeño. En suma, considerando las gratificaciones y la CTS, la empresa paga tres remuneraciones más.
Asimismo, no existe una política clara de remuneraciones para la administración pública y no se comparan con la del sector privado y no tienen los mismos beneficios.
¿Y en cuanto a los aspectos vinculados al trabajador?
Por ejemplo, hay que preguntarse qué sentido tienen las AFP. Ellas no garantizan mi calidad de vida después de la jubilación. Entonces, cuál ha sido el sentido de quitar los fondos a la ONP que de otro modo habría mejorado su capacidad pensionaria solidaria.
Aún considerando que la creación de las AFP tiene sentido, uno de los puntos que se cuestiona es que los trabajadores, que son los usuarios, que soportan, con sus aportes todas las operaciones de las AFP, así como los costos operativos de las mismas, no tengan participación directriz ni ejecutiva en ellas, no tienen derecho a voz y voto.
¿Cuál sería entonces la alternativa a las AFP?
Se debería poner énfasis en la formación de las juntas de administración de fondo de pensiones –distinta a las AFP–, en su conformación pues está integrada por la empresa, por el trabajador y por una entidad bancaria. De modo que los representantes del empleador, los trabajadores y de la entidad financiera, puedan administrar las decisiones de inversión de los fondos, asegurando una participación colegiada, ejecutiva y eficiente sin costos adicionales por conceptos diversos, como los de “administración” de dichos fondos.
Los trabajadores deben poder decidir con el respaldo del empleador y la asesoría de las entidades financieras qué hacer con el dinero que se acumula en el fondo previsional. En realidad existen muchas preguntas en torno a las AFP que faltan resolver.
¿Existen más temas críticos?
Por otro lado, el impuesto a la renta es otro tema crítico. La norma determina que sólo son deducibles 7 UIT, por año, lo que generamos de manera adicional, es renta y por lo tanto, está gravado, esto es por demás injusto, se ha convertido a la recaudación tributaria en un ejercicio confiscatorio del esfuerzo de los trabajadores más eficientes. Es un castigo a la meritocracia.
No hay que olvidar que todos pagamos impuestos de manera directa e indirecta, por ejemplo el IGV que afecta a los servicios básicos como el agua, la luz, la telefonía, el transporte, los alimentos, la educación, la salud, el esparcimiento, la vivienda, etc., y que no pueden ser deducidos como gastos. Por eso, he planteado que sean los mismos contribuyentes los que efectúen su declaración de impuesto a la renta y se les posibilite la deducción de todos aquellos gastos que pueden deducirse, como los mencionados.
Si los individuos realizan su declaración jurada y deducen sus gastos, entonces ellos serán los interesados en acreditar esos gastos. Esta es una manera de ampliar la base tributaria, pues serían los primeros en presionar a sus proveedores en entregarles el respectivo comprobante de pago.
Más aún, si al final hay una renta que beneficia al trabajador, y que esté depositada en una cuenta en una entidad bancaria, que se deduzca también un monto mínimo por concepto de ahorro, esto para fomentar el ahorro del país.
¿Y respecto a los temas relacionados a la salud de los trabajadores…?
Un trabajador del sector privado tiene abierto el acceso a las EPS, pero no uno del sector público. ¿Por qué tugurizar los servicios de Essalud o al Minsa haciéndolos deficientes y deficitarios, cuando podríamos alentar el uso eficiente de recursos a través del traslado de los trabajadores de ambos sectores al sistema privado de salud, dejando el sistema público de salud para las capas complejas y para labores de previsión en los sectores más necesitados del país?
Creo que el Estado debería promover una póliza de salud de cobertura general y primaria para todos los trabajadores de manera obligatoria, de tal manera que las empresas de seguros estructuren un producto interesante y competitivo de cobertura de salud a través de las EPS.
¿Cómo evalúa el desempeño de los Ministros de Trabajo durante los últimos años?
No hemos tenido ministros que se preocupen por desarrollar las bases de una política de Estado en el ámbito laboral. Lamentablemente, en su mayoría, los que hemos tenido han sido parte de una corriente estrictamente legalista y se han dedicado más que nada a apagar incendios.
Por ejemplo, no se han dado las modificaciones estructurales que debían darse dentro de una política de Estado de desarrollo de Recursos Humanos. Las políticas de Estado son las políticas macro, sin ellas no podemos diseñar políticas microeconómicas en el país. Eso limita el fomento de la productividad, porque no se le brinda reglas claras y competitivas al empleador, y más bien se carga de sobrecostos a la empresa privada.
Históricamente los Ministros de Trabajo han sido especialistas en legislación laboral, ninguno de ellos es especialista en Desarrollo de Recursos Humanos. Tal es así que con lo difícil que ya resulta la administración de las relaciones laborales dentro del sector público a nadie se le ha ocurrido implementar una Dirección en el Ministerio de Trabajo de Desarrollo Organizacional. Entonces cómo vamos a optimizar el recurso humano y el desarrollo de las organizaciones del Estado.
Pero, ¿cómo empezar una reforma del sistema laboral del Estado?
Primero, determinando cuántos son los trabajadores del sector público, cuáles son sus necesidades inmediatas. Los Ministros no conocen cuántos trabajadores tiene su sector. Acá el Estado tiene que efectuar un censo poblacional del contingente con que cuenta la Administración Pública.
No existe un crecimiento orgánico, ni organizado de la administración pública, pues no ha crecido en función de las necesidades del Estado, sino en función de necesidades políticas. Entonces, deberíamos contar con un instrumento que defina las políticas del Estado en cuanto al crecimiento de la burocracia pública.
¿Este es el momento adecuado para realizar una reforma?
No tiene sentido seguir postergando los requerimientos de desarrollo de las personas que forman parte de la administración pública.
Lo que se está haciendo es embalsar un problema a todas luces crítico. Creo que estamos en el momento apropiado para enfrentar y rectificar una situación que podría devenir en una crisis. Si esta explota, la capacidad de manejo y administración de la misma va a ser mínima.
Hay que pensar también, en cómo se va a homologar el sector público con el sector privado, porque eso tiene que pasar. No se puede sostener tanta inequidad durante tanto tiempo. Creo que no ha existido la voluntad de pensar en ese cambio, porque implica alterar el orden de las cosas.
Se generaría una ola tal que, políticamente, el Estado no está en condiciones de enfrentar. Alguien tiene que tomar entonces la iniciativa, y ésta tiene que estar a cargo de los profesionales especialistas en Recursos Humanos, aquellos profesionales que no tienen vinculo con el tema político y son fundamentalmente técnicos en el desarrollo del ser humano, como centro de desarrollo de nuestra sociedad.
