Corte Suprema: sentencia podría elevar costos laborales para empresas con sindicatos

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Lima, 30 de noviembre de 2023.- Una reciente sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Perú podría tener un impacto significativo en los costos laborales para las empresas con sindicatos. La sentencia, que fue confirmada el 30 de septiembre de 2023, determina que los trabajadores con contratos que no reconozcan su vínculo de dependencia deberán recibir los mismos beneficios que el sindicato.

La sentencia se refiere a un caso en el que una trabajadora contratada por locación de servicios alegó que el vínculo laboral que mantuvo entre el 2009 y el 2014 era de dependencia. La Corte Suprema declaró fundado su pedido. Y señaló que le correspondía recibir todos los beneficios acordados por el sindicato de su elección y por el periodo de años en los que el vínculo estuvo desnaturalizado.

En el caso concreto, la trabajadora prestaba servicios de limpieza en una empresa de telecomunicaciones. El contrato de locación de servicios establecía que la trabajadora era responsable de la limpieza de las oficinas de la empresa, pero no le otorgaba autonomía para determinar cómo ejecutar sus funciones. La trabajadora debía cumplir con una jornada laboral establecida y estaba sujeta a las órdenes de los supervisores de la empresa.

La Corte Suprema consideró que, en este caso, existía una relación de dependencia entre la trabajadora y la empresa. Esto se debía a que la trabajadora estaba sujeta a las facultades de dirección, organización y control del empleador. La Corte también consideró que la trabajadora había sido perjudicada por la desnaturalización de su contrato, ya que no pudo afiliarse al sindicato de la empresa.

Esta sentencia podría tener un impacto significativo en los costos laborales para las empresas con sindicatos. Esto se debe a que las empresas podrían verse obligadas a pagar a los trabajadores con contratos fraudulentos los mismos beneficios que el sindicato, incluso si estos beneficios no estaban contemplados en el contrato.

En particular, la sentencia podría generar los siguientes impactos:

  • Aumento de los costos salariales: Las empresas podrían verse obligadas a pagar a los trabajadores con contratos fraudulentos los mismos beneficios que el sindicato, incluyendo el aumento salarial negociado por el sindicato. Esto podría generar un aumento significativo en los costos salariales para las empresas.
  • Aumento de los costos administrativos: Las empresas podrían tener que invertir en recursos para revisar sus contratos de trabajo y asegurarse de que no sean considerados fraudulentos. Esto podría generar un aumento en los costos administrativos para las empresas.
  • Incremento de la incertidumbre: La sentencia podría generar incertidumbre para las empresas con sindicatos, ya que no está claro cómo se aplicará en casos futuros. Esto podría dificultar la planificación de las empresas y generar un aumento de los costos financieros.

Es importante señalar que la sentencia aún podría ser impugnada ante el Tribunal Constitucional de Perú. Si el Tribunal Constitucional confirma la sentencia, la misma tendría un impacto significativo en los costos laborales para las empresas con sindicatos en Perú.

CGTP el día jueves 9 de febrero cuando, luego de una reunión con el gobierno, se retiraron junto a todos sus integrantes abandonando a los demás protestantes.

Recomendaciones para las empresas

En vista de esta sentencia, las empresas con sindicatos deberían considerar las siguientes recomendaciones:

  • Revisar sus contratos de trabajo: Las empresas deberían revisar sus contratos de trabajo para asegurarse de que no sean considerados fraudulentos. Esto implica determinar si, en efecto, existe una relación de autonomía que le permita al locador decidir de qué manera ejecuta el servicio, siguiendo directrices generales. O si, por el contrario, existe subordinación y está sujeto a, por ejemplo, una jornada laboral establecida.
  • Negociar con los sindicatos: Las empresas podrían optar por negociar con los sindicatos para evitar demandas. Esto podría implicar acordar un aumento salarial para los trabajadores con contratos fraudulentos, o un plan de regularización de estos contratos.

Las empresas que no tomen medidas para mitigar los riesgos de esta sentencia podrían verse expuestas a costos laborales significativos.


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