A partir de julio, y durante todo el segundo semestre del año, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) multará a las empresas privadas con más de cincuenta trabajadores que intencionalmente hayan evitado cumplir con la ley para contratar a personas con discapacidad (al menos 3% del total de sus colaboradores).
No se multará a aquellas que sí hayan hecho convocatorias y anuncios a través del centro de empleo del Mintra, pero que, pese a sus esfuerzos, no hayan llegado a la cuota.
El incumplimiento de la ley es considerada una infracción muy grave. La multa sería entre 12 UIT (S/.47,400) y 15 UIT (S/.59,250).
Según el INEI, 1.5 millones de peruanos tienen algún tipo de discapacidad, equivalente al 5.2% de la población. Más del 75% de personas con discapacidad en el país está fuera del mercado laboral y entre aquellas que buscan trabajo, 12.1% no lo consigue, de acuerdo a la Guía para la Inclusión de Personas con Discapacidad en el Lugar de Trabajo, presentada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el estudio Miranda & Amado Abogados.
¿Preparadas?
¿Las empresas están preparadas para cumplir con esta cuota? Para César Puntriano, socio de PwC, no lo están, pues la medida es relativamente reciente y el Mintra no tiene una plataforma de soporte o asistencia a las empresas.
“Cuando una empresa contrata a discapacitados, tiene que hacer cambios en la infraestructura de la empresa, al horario, a la manera en que se realizan las labores. Eso se llama ajustes razonables. Cuando salió la norma se dijo que se iban a establecer unos lineamientos para que las empresas sepan cómo se realizan los ajustes razonables, pero hasta ahora no ha salido nada”, comenta.
Según Puntriano, el centro de empleo del Mintra ofrece constancias cuando se publica una oferta de empleo, en las cuales se dan recomendaciones de ajustes razonables. Sin embargo, la constancia no está habilitada desde hace unos quince días.
La norma exonera de la cuota a las empresas que ofrezcan un puesto o actividad de riesgo o técnicamente muy compleja siempre que presenten un informe interno. “¿Pero quién va a validar ese informe? ¿Tendremos los inspectores laborales con suficiente formación para validar ese informe? No lo creo, porque la Sunafil no tiene la fuerza para fiscalizar correctamente”, señala Puntriano.
Así, las empresas deberán publicar en el centro de empleo del Mintra todos los avisos de empleo que tengan (a todos los niveles), esperar el plazo de cinco días para que el Mintra publique las ofertas, y realizar un informe técnico en caso los postulantes discapacitados no califiquen para el puesto. Dicho informe podría ser elaborado por el área de salud ocupacional de la compañía.
La Sunafil plantea flexibilizar el criterio que permite a un trabajador ser declarado discapacitado, según el proyecto de protocolo para fiscalizar la cuota de trabajadores con discapacidad publicado por dicha entidad. Esta flexibilización facilitará a las empresas cumplir con la cuota de trabajadores con discapacidad.
