La bancada de Gana Perú presentó un proyecto de ley que busca fortalecer a los sindicatos y agilizar las negociaciones colectivas. La iniciativa, impulsada por el congresista Javier Diez Canseco, señala que la situación actual de la libertad sindical en el Perú es preocupante ya que la tasa de afiliación sindical en el 2010, según cifras del MTPE, llega solamente al 4% mientras que la cobertura de la negociación colectiva es de apenas 4.13% de los asalariados formales del sector privado.
Sobre ese fundamento, el proyecto plantea reducir de 20 a ocho el número de trabajadores exigibles para la constitución y subsistencia de los sindicatos. “Con ello se pretende, erradicar la condición discriminatoria que, en el plano laboral, impide que un vasto sector de ciudadanos pueda conformar sindicatos”, señala.
Para el ex presidente de la Confiep, Ricardo Briceño, reducir el número de integrantes para conformar un sindicato podría hacer que este no sea representativo. “Esta conformación debería tener en cuenta el total de trabajadores de la empresa, y con base en ello, definir que es lo realmente representativo”, manifestó a Gestión.
Más licencias
De otro lado, la iniciativa oficialista sugiere extender las licencias sindicales remuneradas de 30 días naturales a 45 días laborales al año por dirigente.
Al respecto, el laboralista del Estudio Muñiz, César Puntriano, indicó que el documento regula la licencia en forma muy general, sin precisar que la misma debe emplearse para funciones sindicales. Esto podría hacer que se utilice de manera indebida”, sostuvo.
Negociación colectiva
De otro lado, el proyecto precisa que cuando las partes en una negociación colectiva no lleguen a acuerdos la controversia será resuelta por arbitraje. Este mecanismo será gratuito, cuando lo pida cualquiera de las partes. Actualmente, cuando empresa y sindicato no llegan a buen puerto en el proceso negociador, el tema se lleva a nivel de empresa.
Para el primer vicepresidente de la SNI, Luis Salazar, el documento presentado pone en riesgo el equilibrio entre empleador y trabajador. “Podría generar relaciones tensas donde no las hay y recrudecerlas en otros casos. El arbitraje solo debería utilizarse para situaciones extremas”, advirtió.
Otro de los cambios planteados es que las empresas contarán con un plazo de 15 días para entregar la información solicitada por los sindicatos para la respectiva negociación. De no hacerlo, se les impondrán sanciones administrativas. Para Diez Canseco este mecanismo busca evitar la demora en el inicio de las negociaciones colectivas.
“Para las grandes empresas el tema es discutible, pero a quienes sí les generará pánico es a las mypes. En realidad, creo que el gran perdedor con este proyecto serán ellas y no las grandes empresas”, concluyó.
Fuente: Diario Gestión
