Para este año, se espera que el número de inmigrantes venezolanos en el Perú supere el medio millón de personas. Ante la falta de capital humano en ciertos sectores. ¿cómo aprovechar mejor las capacidades productivas de los nuevos trabajadores?
Algunos aspectos de la legislación para contratar empleados extranjeros, junto con la demora en trámites burocráticos, podrían estar restringiendo una asimilación más efectiva de los trabajadores en empresas formales.
Demanda laboral extranjera
De acuerdo con la Encuesta de Escasez de Talento 2018 realizada por Manpower Perú, el 43% de los empleadores reporta dificultad para contratar, mientras que este porcentaje se eleva a 54% en la gran empresa.
En el contexto de alta inmigración venezolana, las empresas medianas y grandes son las que más han contratado trabajadores formales de este país: según información del MTPE, el 39% trabaja en empresas formales privadas de 11 a 100 trabajadores, mientras que el 46% lo hace en empresas de más de 101 trabajadores.
Además, según la encuesta de demanda ocupacional del MTPE, en el 2018, las empresas reportaron que el 31,9% del personal que requieren contratar debería poseer educación técnica o superior.
Destaca la mayor demanda por profesionales con educación técnica (25,4%), la cual aumenta entre los sectores servicios y comercio (38%). Al respecto, los trabajadores formales venezolanos son mayormente calificados. Hasta agosto del 2018, el 57,3% tenía entre educación técnica o superior.
Régimen laboral del trabajador extranjero
La contratación de trabajadores extranjeros está regulada por el Decreto Legislativo (D.Leg.) 689. Según este, en una empresa privada, el personal extranjero no podrá exceder el 20% del total de trabajadores, ni sus remuneraciones el 30% del total de la planilla.
Además, los contratos tienen un plazo máximo de tres años, los cuales pueden prorrogarse por períodos iguales. Este personal solo podrá trabajar formalmente una vez obtenida la aprobación de estos contratos por parte de las autoridades administrativas de trabajo (AAT) y la obtención de la calidad migratoria otorgada por Interpol y la Superintendencia Nacional de Migraciones.
De esta manera, la regulación genera desincentivos para la contratación formal de trabajadores extranjeros. Más allá de la inmigración venezolana, los desincentivos aplican para trabajadores capacitados de cualquier país.
En atención a esta normativa, recientemente se han aplicado una serie de medidas para simplificar la regulación. Por ejemplo, a partir de noviembre del 2016, el D.Leg. 1246 eliminó la solicitud del título profesional legalizado del trabajador y una fotocopia legalizada del pasaje de retorno de este y de su familia. No obstante, la AAT aún requiere una declaración jurada en que conste el cumplimiento de los límites al número y a las remuneraciones de los trabajadores extranjeros para la aprobación de contratos.
Asimismo, la legislación tributaria impone costos adicionales al trabajador extranjero o recién repatriado. Según la Ley de Impuesto a la Renta (IR), un trabajador es no domiciliado cuando labora menos de 183 días en el país. Como consecuencia, la ley establece que los trabajadores no domiciliados de quinta categoría deben pagar 30% de su ingreso por IR.
Por el contrario, un trabajador domiciliado puede deducir las primeras 7 UIT de su renta anual y sobre el excedente se aplican tasas graduales de IR que van de 8% a 30%. En consecuencia, cualquier trabajador que empiece labores en la segunda mitad del año tiene un costo tributario significativamente mayor.
Barreras burocráticas
La contratación de trabajadores extranjeros también es difícil debido a los trámites migratorios. Según Joaquín de los Ríos, socio de Yrivarren & de los Ríos Abogados, estudio especializado en legislación laboral, el problema inicial reside en el hecho de que los alcances del D.Leg. 689, Ley de Contratación de Trabajadores Extranjeros, fueron concebidos en el marco de la antigua Constitución de 1979, que contempla la preferencia por la contratación nacional y no la igualdad de condiciones; a ello se suma la demora en los plazos de aprobación de trámites migratorios, todo lo cual impide la rápida absorción de los extranjeros en el mercado laboral.
La situación se complica con el ingreso de una gran masa de ciudadanos venezolanos que hizo colapsar los sistemas de registro del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), de la Interpoly de Migraciones.
Sacar una cita para Interpol y Migraciones puede demorar más de un mes. La demora en la aprobación de la calidad migratoria, además de requerimientos en ocasiones arbitrarios para regularizar la permanencia y la dificultad para convalidar ciertos títulos profesionales, podría generar que el migrante busque oportunidades en el sector informal, perdiéndose la oportunidad de aprovechar su experiencia, estudios o talentos.
Fuente: El Comercio
