Por César Puntriano Rosas – Socio del Estudio Muñiz
Sin ánimo de sonar de pesimistas, el título escogido para esta publicación evidencia nuestras expectativas ante el nombramiento del nuevo titular de la cartera de Trabajo y Promoción del Empleo, el Sr. Javier Barreda. Esta percepción no obedece a que no confiemos en su capacidad para manejar tan difícil cartera, sino porque entre sus anunciadas prioridades no se encuentra la esperada reforma laboral que contribuya a reducir la informalidad e incentive la inversión.
En un comentario publicado en el Diario Gestión el 20 de diciembre del año pasado titulado “urge cambio de rumbo”, manifestamos, por las razones que allí se detallan, que resulta indispensable modificar la legislación laboral de manera estructural y hacerla promotora de la formalización laboral.
Han habido diversas propuestas sobre la manera de llevar adelante un cambio, como la implementación de un régimen temporal menos costoso para el empleador que lo invite a formalizarse al que gradualmente se le añadan beneficios laborales del régimen común, acompañado de beneficios tributarios, o la asunción por parte del Estado de la contribución a EsSalud de quienes empleen jóvenes, o su reducción temporal para todos los que ingresen a la formalidad, entre otros mecanismos.
No negamos que este tipo de cambios requieren la emisión de una norma con rango de Ley, que bien puede tratarse de una Ley emitida por el Congreso o un Decreto Legislativo derivado de una delegación de facultades, y que el actual Gobierno asoma débil políticamente como para conseguir alguna de las dos, sin embargo, para lograr dicho objetivo se debe recurrir a la negociación política, con gente hábil que pueda tender puentes con la oposición, pues somos firmes creyentes que medidas tendientes a la formalización resultan fundamentales y beneficiosas para todos.
A manera de recordatorio señalamos que de acuerdo al Reporte Global del World Economic Forum 2017-2018 el Perú ha caído al puesto 72 (del 67) en el índice de competitividad respecto a 137 países, siendo la regulación laboral restrictiva considerada como uno de los factores que complican la realización de negocios en nuestro país. Asimismo, en el reporte “Doing Business 2018” del Banco Mundial, nuestro país se encuentra en el puesto número 58 (de 190), habiendo caído 4 posiciones en relación al 2016.
Desafortunadamente la esperada reforma no se encuentra en la agenda, por lo menos inmediata del Gobierno, y así lo ha hecho saber el Ministro Barreda en sus declaraciones iniciales tras ponerse el fajín del sector Trabajo. En efecto, según lo manifestado por el alto funcionario al Diario Gestión (10.01.2018), las acciones que priorizará son:
- El fortalecimiento de los servicios de empleo del Ministerio de Trabajo y los programas de empleo temporal, en el marco del proceso de reconstrucción (por los efectos de El Niño)”.
- Reactivación del Consejo Nacional de Trabajo (CNT), espacio de diálogo entre los sindicatos de trabajadores y gremios empresariales, buscando que sea presidido por una persona que genere consenso entre las partes.
- Evaluación de un posible incremento de la Remuneración Mínima Vital (RMV), previa coordinación con el sector Economía y Finanzas.
- Posibilidad de variar la meta de formalización laboral trazada por el Gobierno, elevándola del 30% actual hasta el 50% en el 2021. Luego en una declaración en Radio Nacional se señaló que “la población tiene que entender que luchar por la informalidad es una meta fundamental del Gobierno, pero hay que sincerar los indicadores para obtener resultados concretos y no dar cifras expectantes que no podremos cumplirlas”.
Ninguno de los ejes iniciales, e inclusive el último en el que toca la informalidad, evidencian la decisión del Gobierno de luchar abiertamente contra la informalidad laboral. En la gestión del Ministro Alfonso Grados también se trató el tema pero no se ejecutaron medidas concretas. Tengamos presente que para ejecutar esta reforma se requieren técnicos de primer nivel que cuenten con experiencia en políticas públicas, que hasta ahora no se ven. Pero para convocar profesionales, primero se debe tomar la decisión política de ir adelante con la reforma, medida que seguimos esperando.
El PBI en 2017 creció menos del 3% y para el 2018 el MEF, BCR y otras instituciones financieras privadas prevén que crecerá alrededor del 4%, basado en el alza internacional del cobre y del zinc, crecimiento de la minería por nuevos proyectos, mejora del desempeño de la construcción (Reconstrucción por efectos del Niño, Juegos Panamericanos, ampliación del aeropuerto Jorge Chávez), entre otros, pero manteniéndose el riesgo de que ello no ocurra a plenitud si no se otorga confianza suficiente al sector privado. Justamente un mecanismo que da confianza es la reducción de la informalidad, en nuestro caso, la laboral o al menos señales claras que transitamos hacia dicha meta.
Finalmente, se ha prometido reactivar el CNT como ente promotor del diálogo social. Esta intención nos parece sumamente positiva pero debemos recordar que en las décadas pasadas (el CNT existe desde fines del 2000) importantes cambios laborales fueron frustrados en el CNT por falta de consenso entre los representantes de los trabajadores y los empleadores. La reforma debe venir del Ejecutivo, a través de sus técnicos, previa negociación política para contar, sea con facultades legislativas o con el voto del Congreso, pudiendo presentarse al CNT para recibir aportes de los empleadores y trabajadores y que no sea vista como una medida impuesta (recordemos a la Ley Pulpín).
Ojalá nuestra percepción sea equivocada y se adopten medidas concretas por el bien del país el presente año.
Sobre el autor:
César Puntriano (Perú)
Abogado y Magister en Derecho del Trabajo y Seguridad Social por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Docente en dicha Casa de Estudios. Miembro de la Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Socio Senior del Estudio Muñíz.
