Gobierno busca restringir el teletrabajo total para la mayoría de trabajadores del Estado

El Poder Ejecutivo planea limitar el teletrabajo a tiempo completo en el sector público. A través de la Resolución Ministerial N.° 352-2026-TR, publicada el 11 de noviembre en el diario el Peruano, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) presentó un proyecto de decreto supremo que modifica el reglamento de la Ley del Teletrabajo (Ley N.° 31572).

Mientras la normativa vigente solo excluye del teletrabajo total al personal de confianza y a quienes ejercen cargos directivos, la nueva propuesta amplía considerablemente esta restricción. De aprobarse, no podrán laborar de forma 100 % remota:

  • Quienes ocupen puestos directivos, incluyendo a los encargados de coordinar grupos de trabajo.
  • Los empleados y servidores de confianza.
  • Los integrantes de la Alta Dirección en entidades, programas y proyectos públicos.
  • Los trabajadores que cumplan labores administrativas o funciones consideradas indispensables para el servicio público.

La iniciativa también prohíbe ejercer el teletrabajo desde el extranjero, contemplando como única excepción los viajes por motivos de estudio.

Plazos y rol de Servir

El documento establece un periodo de 15 días calendario para recibir aportes y comentarios ciudadanos antes de su promulgación oficial. Una vez que la norma entre en vigencia, las entidades tendrán un plazo de 60 días calendario para adecuar los contratos de teletrabajo vigentes a las nuevas disposiciones.

Por su parte, la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) quedará encargada de fijar el límite máximo de horas o días permitidos para el teletrabajo parcial. Asimismo, definirá qué órganos o servicios podrán operar bajo la modalidad totalmente remota por su propia naturaleza, tomando como referencia esquemas similares a la telemedicina o la teleeducación.

Según la exposición de motivos del MTPE, la medida responde a la necesidad de garantizar la continuidad operativa, mejorar la supervisión y evitar decisiones dispares entre las instituciones al momento de aprobar solicitudes remotas.

Advierten posible ola de demandas laborales

La propuesta ha generado cuestionamientos desde el ámbito legal. El abogado laboralista Ricardo Herrera advirtió que el proyecto incurriría en ilegalidad al contradecir la propia Ley del Teletrabajo, la cual protege y promueve esta modalidad en favor de poblaciones vulnerables.

“No se trata solo de personas con discapacidad, sino también de funcionarios que deben viajar al extranjero por el tratamiento médico de un familiar o que tienen a su cargo el cuidado de parientes cercanos. Si este reglamento se aprueba, chocará directamente con la ley”, explicó Herrera.

El especialista señaló que, para aplicar estos recortes de manera válida, el Ejecutivo debería impulsar una modificación de la ley en el Congreso y no hacerlo vía reglamento. De insistir con el decreto, anticipó un escenario de alta conflictividad judicial en el que los trabajadores afectados demandarían al Estado con altas probabilidades de ganar.

Respecto al plazo de 60 días para modificar los acuerdos actuales, Herrera sostuvo que vulneraría el principio laboral de la “condición más beneficiosa”. Según explicó, las nuevas reglas solo deberían aplicarse a futuros convenios, ya que exigir la adecuación de contratos vigentes supondría una aplicación retroactiva en perjuicio del trabajador.

En contraste, la especialista Gina Rodríguez Vega respaldó la facultad otorgada a Servir para estandarizar el teletrabajo parcial. Sostuvo que esta medida permitirá eliminar la discrecionalidad actual, evitando que servidores de distintas entidades públicas, pero bajo el mismo régimen laboral, reciban condiciones de trabajo desiguales.


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