Por César Puntriano:
Este viernes 1 de mayo conmemoramos el Día del Trabajo, y qué mejor que reflexionar sobre el poco o nulo reconocimiento de los derechos laborales de nuestra masa trabajadora. Ello no ocurre, al menos en la generalidad de los casos, por mala fe o vocación de incumplimiento de los empleadores, sino que obedece a la inexistencia de condiciones adecuadas para que muchos empresarios asuman compromisos a largo plazo, y con ello me refiero a las micro y pequeñas empresas que a duras penas pueden subsistir en un entorno con procedimientos administrativos engorrosos, regulaciones complejas y peor aún, delincuencia que crece de manera galopante.
Lamentablemente los trabajadores que cuentan con seguridad social, salud o pensiones, que perciben la remuneración mínima vital, pese a que su importe es ínfimo, o acceden a beneficios sociales (gratificaciones, vacaciones, Compensación por Tiempo de Servicios) son la minoría. En efecto, según la Encuesta Permanente de Empleo Nacional (EPEN) del INEI para el periodo enero-diciembre de 2025 la tasa de empleo informal a nivel nacional alcanzó el 70.2% el año 2025. Es especialmente alta en el área rural, donde el 94,8% de los trabajadores carece de formalidad, frente al 64,5% en zonas urbanas. Por sexo, la informalidad afecta más a las mujeres (72,7%) que a los hombres (68,2%). Resulta preocupante el impacto en jovenes entre 14 a 24 años, nos dice el INEI, pues el 84,9% labora en condiciones informales, mientras que en el grupo de 25 a 44 años la tasa es del 65,3% y en mayores de 45 años llega a 70,8%.
Revisando los planes de gobierno de los principales candidatos presidenciales, advertimos que no cuentan con un plan estructurado en materia de generación de empleo. Nos hemos detenido en los tres primeros pues a la fecha no tenemos certeza de que candidato acompañará a la Sra. Fujimori en la segunda vuelta.
Así, Fuerza Popular propone como meta que el 60% de las micro y pequeñas empresas operen en la formalidad al 2031. Para ello, según su plan de gobierno, ofrecerá incentivos tributarios temporales y un régimen especial donde el Estado asuma el 100% del Seguro Integral de Salud (SIS) para jóvenes en microempresas y el 50% de la contribución a EsSalud en pequeñas empresas durante los primeros cinco años. Plantea implementar la política de “Licencia 0 para MYPEs”, eliminando costos y trámites de inscripción registral y municipal mediante una Ventanilla Única Digital Nacional con IA. También pondrá en práctica el programa “Empleo Joven con Futuro” para insertar a jóvenes en el mercado laboral.
El financiamiento se generará, detalla el plan, con la atracción de entre 5,000 y 7,000 millones de dólares en inversión privada mediante un shock desregulatorio.
Lamentablemente el plan no desarrolla a qué incentivos tributarios se refiere, por cuánto tiempo se otorgarán, y en qué consistirá el shock desregulatorio. La propuesta de asumir la contribución a EsSalud no es novedosa, pero lo preocupante es que la estadística demuestra que el Estado es el principal deudor de dicha contribución, lo que afecta a los servicios que EsSalud brinda a sus asegurados.
Juntos por el Perú, en su plan de gobierno, señala que la informalidad será combatida mediante la diversificación productiva pero no detalla cómo. Afirma que fomentará la creación y apoyo a empresas asociativas, cooperativas y comunidades productoras, priorizando el crédito para la agricultura familiar y las PYME. Propone industrializar el campo y la ciudad para superar el modelo primario-exportador y la creación de un Programa de Empleo Productivo Rural centrado en reforestación, andenería y mantenimiento de infraestructura local. Propone la anulación de regímenes laborales especiales como el agroexportador. Además, plantea modificar los mecanismos de ajuste de la Remuneración Mínima Vital (RMV).
Lo señalado resulta genérico pues no advertimos propuestas concretas, salvo las dos últimas que tienen un trasfondo populista pues no parecen medir el impacto económico de las mismas.
Renovación Popular propone en su plan de gobierno reducir la tasa del IGV como incentivo principal para la formalización, así como la implementación del certificado CERTIPYME para facilitar la exportación de productos de pequeñas empresas. Sostiene que creará el Instituto de Promoción y Desarrollo de las PYMES para fomentar la asociatividad en consorcios y cadenas productivas. Simplificará trámites y creará un único régimen tributario.Busca generar 2 millones de empleos nuevos mediante el fortalecimiento del aparato productivo industrial y tecnológico. Ofrecerá retribución por horas de trabajo en zonas rurales para labores de reforestación y reparación de andenes.
No hay mayores detalles sobre los trámites que se simplificarán, en qué consistirá el régimen tributario único o el fortalecimiento del aparato productivo.
En términos generales, los planes de gobierno en materia de generación de empleo formal para el quinquenio siguiente resultan generales, esperamos que ello obedezca a que se trata de un documento que contiene los grandes planteamientos de la línea que seguirá el próximo gobierno y que una vez que asuma se plantearán medidas concretas. La informalidad sigue siendo altísima por lo que ademas de intervenciones institucionales como simplificar tramites, tributos, reducir costos de formalidad laboral, un elemento clave es que exista crecimiento económico relativamente alto y sostenido. Para ello no solo debe incentivarse la inversión privada sino también destrabar la pública.
El Estado debe tener mayor presencia dando prioridad en el presupuesto a programas gubernamentales para capacitar y mejorar la empleabilidad juvenil. Los programas de empleo temporal del Ministerio de Trabajo deben incluir como componente a la capacitación de jovenes. Un frente importante no tocado por los candidatos es la urgencia de fortalecer a la SUNAFIL mediante la asignación de mayores recursos, la inserción de la inteligencia artificial generativa que permita fortalecer la inteligencia inspectiva, y por ende, a la prevención, así como la especialización de los inspectores.
Algo que no se dice en los planes de gobierno, pues no corresponde pero es fundamental ponerlo sobre la mesa, es el rol del Congreso de la República. Durante el último lustro se han discutidos proyectos de ley, algunos que han llegado a convertirse en estas últimas, de corte antitécnico, y que generan un mayor gasto estatal y desincentivan a la formalización. El otorgamiento de CTS y gratificaciones a los CAS (ley), la eliminación de la tercerización (proyecto), el incremento de tasa de reparto de utilidades en empresas eléctricas (proyecto), entre otros, son una muestra de lo señalado. Dejemos de lado el populismo.y actuemos técnicamente.
La formalización laboral es un pilar del trabajo decente, permite erradicar la pobreza y reducir desigualdades sosteniendo niveles mínimos de bienestar para la población. Urge abordarla de manera seria.
Feliz día a los esforzados trabajadores peruanos y esperamos que durante los próximos cinco años se preste mayor atención y se tomen medidas concretas para reducir la informalidad.
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